Miércoles, 23 de abril de 2014
09.03.06 - Perú
Derechos vulnerados
Adital

La Defensoría del Pueblo ha publicado un informe titulado El Proyecto Camisea y sus efectos sobre los derechos de las personas. El informe pone en evidencia aquellos derechos constitucionales que han sido vulnerados como consecuencia de la implementación del Proyecto Camisea, especialmente en las poblaciones que viven en un mayor grado de indefensión como son las comunidades nativas y los pueblos indígenas en situación de auto aislamiento que ocupan el territorio donde se ejecuta el proyecto.

 

La Defensoría del Pueblo ha encontrado graves violaciones a los derechos de estas personas y, por ello, ha elaborado 12 recomendaciones dirigidas al Congreso de la República, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Energía y Minas, al OSINERG, al Consejo Nacional del Ambiente y a la Dirección del Grupo de Coordinación Técnica Interinstitucional para el Proyecto Camisea. Son para que se superen los problemas planteados con vistas a la ejecución de la segunda etapa de este proyecto.

 

El documento recomienda al Congreso de la República, al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Salud, emitir normas específicas para la protección eficaz de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Considerando estudios de impacto ambiental que incluyan planes de contingencia para evitar, en lo posible, el contacto con dichos pueblos, así como garantizar la atención médica en caso de producirse daños al derecho fundamental a la salud. Este proceso requiere considerar la elaboración por parte del Ministerio de Salud de estudios de línea basal sobre la situación de la salud en la zona.

 

Al Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), recomienda diseñar criterios de valoración que garanticen compensaciones equitativas por los daños generados. Al Ministerio de Energía y Minas, diseñar e implementar mecanismos que garanticen negociaciones equitativas y posibiliten la asistencia técnica a las comunidades y pueblos indígenas en los procesos de negociación.

 

Ya al Congreso de la República y al Ministerio de Energía y Minas, sugiere crear el marco jurídico que permita prevenir cláusulas que puedan resultar abusivas para los pueblos indígenas y comunidades nativas en los acuerdos suscritos con las empresas, y crear mecanismos que garanticen el cumplimiento de los convenios, entre otras recomendaciones.

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